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Gestión de recursos para programas sociales fue ineficiente, reclaman
Pável Juárez
El Diario de Juárez
Ciudad Juárez— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró probables daños a la Hacienda Pública por más de 219 millones de pesos en al menos cinco programas federales aplicados en esta entidad por parte del Gobierno de Chihuahua el año pasado.
De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, entregado al Congreso por la ASF el pasado jueves, se encontraron inobservancias de la normativa en la aplicación del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad.
También en Prospera, Programa de Inclusión Social Componente Salud; Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FAIS), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).
La auditoría de cumplimiento 2018-A-08000-19-0679-2019 muestra que Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa en materia de transferencias de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, gasto operativo y pago del personal administrativo, pago a terceros por servicios de salud y servicios personales.w
Estas generaron un probable daño a la Hacienda Pública federal por 127 millones 523 mil pesos en los recursos trasferidos a través del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad.
El documento señala que el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y tampoco se cumplieron sus objetivos y metas.
También encontró faltas en materia de transferencia, registro e información financiera de las operaciones, y servicios personales y adquisiciones, que generaron un daño a la Hacienda Pública federal de 19 millones 649 mil pesos en el programa Prospera Componente Salud. En este caso la ASF determinó que el Gobierno del estado no reguló el ejercicio de manera normativa y no se cumplieron los objetivos del programa.
La dependencia federal reportó faltas en el ejercicio de los recursos, principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 31 millones 020 mil pesos dentro del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
La dependencia federal concluyó que el Gobierno de Chihuahua “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, apegada a la normativa que regula su ejercicio”.
En lo que corresponde a la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados hubo faltas, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda por 17 millones 866 mil pesos.
“El Gobierno del estado de Chihuahua realizó en general una gestión razonable de los recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos”, consideró la ASF.
En el Fondo para el Fortalecimiento Financiero se reportaron inconsistencias la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los Municipios y el Presupuesto de Egresos de la Federación, con un probable daño por 22 millones 955 mil pesos.
En este caso la ASF señala que “se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia, ya que la información reportada a la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) no presentó calidad ni congruencia contra el cierre del ejercicio.
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